La necesidad de evaluar los programas de prevención es ampliamente recomendada, pero no siempre realizada de manera sistemática y rigurosa. Como señalan Anguera, Chacón y Blanco (2008) la evaluación de programas es una necesidad ética, política y económica y se justifica porque de lo contrario es imposible conocer, salvo intuitivamente, si éstos logran alcanzar los objetivos propuestos.
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El Ministerio de Justicia y del Derecho, en alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía General de la Nación, han trabajado en el diseño, formulación y ejecución del Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el cual, en su generalidad, propone una alternativa a la judicialización o a la utilización excesiva de medidas privativas de la libertad para jóvenes que como consecuencia del consumo de drogas hayan cometido delitos, quienes ingresan voluntariamente al programa de tratamiento para su adicción como medida complementaria a la sanción.