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El Observatorio de Drogas de Colombia como generador de conocimiento

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Diálogo Nacional Sobre el Futuro de la Política de Drogas en Colombia

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Política de erradicación

La estrategia contra los cultivos ilícitos y la producción de droga incluye una serie de medidas que comprenden la sustitución voluntaria, los programas de desarrollo del territorio (entre los que está el desarrollo alternativo) y la erradicación manual forzosa. Para interrumpir la cadena de producción y comercialización se llevan a cabo esfuerzos de control e interdicción por parte de las autoridades. El reto para el Gobierno colombiano está en superar las señales de resistencia a las acciones de control.

Es importante anotar que la aspersión aérea de cultivos ilícitos fue suspendida (Resolución 006 del 29 de mayo de 2015) por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Después de considerar los pronunciamientos realizados por las altas cortes, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las apreciaciones expuestas en la sesión por los consejeros, se dispuso la suspensión del uso del herbicida glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (Pecig), con fundamento en el principio de precaución. A partir de octubre de 2015 la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó la suspensión de las actividades del Pecig.

Sustitución voluntaria

La sustitución voluntaria se realiza en concertación con las comunidades, las cuales toman la determinación de eliminar los cultivos ilícitos y se vinculan a programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. Contempla un acuerdo colectivo, que expresa la voluntad política de la comunidad de nivel regional, municipal o departamental de vincularse al proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Se busca garantizar sostenibilidad en esta intervención, incluyendo a las comunidades en la formulación de las estrategias productivas, de fortalecimiento social, de producción sostenible y de construcción de confianza, permitiendo y facilitando la inclusión como miembros de una sociedad, como ciudadanos con derechos y con deberes.

Esta estrategia requiere además una inversión complementaria para reducir las vulnerabilidades en los territorios afectados por este problema. Poder ingresar a estas zonas donde por años ha gravitado la coca, la minería ilegal, el tráfico de armas y muchos otros fenómenos criminales, permitirá la concentración de esfuerzos sobre las organizaciones criminales persistentes y sus infraestructuras de extracción y refinamiento de drogas, al tiempo que buscará brindar a las comunidades oportunidades para transformar sus territorios

Programas de desarrollo del territorio que incluyen el desarrollo alternativo

El desarrollo alternativo frecuentemente se entiende como una herramienta para el desarrollo, así como una medida de control de la oferta de drogas que busca –por un lado– reducir el cultivo y, por lo tanto, la oferta de drogas, mientras que, por otro lado, promueve el desarrollo rural sostenible y realiza acciones para reducir la pobreza en zonas de cultivo de coca. Esto mediante oportunidades laborales, mejoras de la infraestructura y de los servicios públicos básicos y, según proceda, con la concesión de acceso a la tierra y títulos de propiedad sobre la tierra a los agricultores y las comunidades locales, lo que también contribuirá a prevenir, reducir o eliminar el cultivo ilícito y otras actividades ilícitas relacionadas con las droga.

Arquitectura institucional para apoyar la transformación de los territorios afectados

Conforman la nueva arquitectura institucional la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad; la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las cuales fueron creadas para contribuir con la transformación del sector rural en el país y, en particular, con el desarrollo de los territorios afectados por los cultivos ilícitos, trabajando de manera articulada y abriendo un amplio camino a los procesos de participación.


Gobierno de Colombia

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