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Publicado el miércoles, 10 de septiembre de 2014

OEA debate sobre el problema de drogas en las Américas

La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró el pasado lunes su LX Mesa Redonda de políticas bajo el título “Perspectivas multisectoriales sobre el problema de las drogas en las Américas: desafíos para reducir el encarcelamiento”, en vísperas de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria que se realizará en Guatemala el 19 de septiembre y cuyo tema central será “Por una política hemisférica de drogas de cara al Siglo XXI”.

Este debate acerca de la política de drogas en la región se inició a partir del Informe elaborado por la OEA sobre el Problema de las Drogas en las Américas, dirigido por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y presentado hace 18 meses al Presidente colombiano, Juan Manuel Santos. El reporte respondió a un mandato de la VI Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena, Colombia, en abril de 2012.

Al presentar la Mesa Redonda, el Secretario General Insulza indicó que tras un año y medio de debates sobre el tema, “uno de los grandes consensos alcanzados en la región es el relacionado con la necesidad de implementar reformas judiciales orientadas a proveer alternativas al encarcelamiento”. En este sentido señaló que en el continente hay unos 3,5 millones de personas encarceladas, de las cuales “al menos 1,5 millones están presas por drogas, muchas de ellas por posesión o consumo”.

“Como señalamos en el Informe, la aplicación de leyes severas sobre drogas ha disparado la tasa de encarcelamiento en muchos de nuestros países, contribuyendo a un grave hacinamiento en los penales”, afirmó. Añadió que el encarcelamiento no soluciona la situación sino que la agrava, ya que el consumo continúa en los centros penitenciarios, y puntualizó que el resultado de este enfoque es que “el problema de raíz en ocasiones no se aborda -ni se trata cuando hay dependencia de drogas- en ninguna de las fases del proceso judicial y/o penal”.

El máximo representante de la OEA dijo que en la actualidad varios países de la región han decidido examinar la necesidad de adoptar medidas que permitan revertir esta situación, de modo que se respeten los derechos humanos y las garantías penales básicas, al tiempo que permitan mantener y garantizar la seguridad pública. Estas posturas se harán presentes en la próxima Asamblea General Extraordinaria en Guatemala.

Insulza recordó que la Declaración aprobada por la Asamblea General de la OEA de 2013 en La Antigua Guatemala “refleja las preocupaciones de los Estados Miembros” en la materia. En particular, el líder de la OEA se refirió al problema de la proporcionalidad de las penas, que ya fue tratado en la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) de fines de 2013. A ese fin, desde la presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Colombia propuso a fines de 2013 la creación de un grupo de trabajo orientado a analizar y generar propuestas alternativas al tratamiento penal y penitenciario en todos los eslabones de la cadena del drogas, con enfoque de género y e incorporando a productores, vendedores de drogas en pequeñas cantidades y consumidores. Otros de los ejemplos de penas alternativas al encarcelamiento, citó el Secretario General, son los Tribunales de Tratamiento de Drogas, una iniciativa que apoya y promueve la OEA y que está en expansión. “En los últimos cuatro años en la región hemos pasado de 4 a 17 países, que están explorando, implementando o consolidando el uso de este tipo de tribunales”, dijo.

Durante la Mesa Redonda, el Director de las Oficinas de Políticas y Legislación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jonathan Wroblewski, dijo que “las razones para reducir el encarcelamiento”, que en su país afecta a 2,2 millones de personas, son “presupuestarias, de seguridad pública y también de derechos humanos”. Wroblewski señaló que el incremento de la población carcelaria ocurrió en los años 60 y 70, cuando hubo un aumento dramático del uso de drogas como cocaína, marihuana, y opiáceos, y se endurecieron las leyes. El funcionario indicó que con la iniciativa “Smart on crime”, puesta en marcha por la actual Administración estadounidense, se quiere reducir el encarcelamiento, “que es muy costoso tanto a nivel presupuestario y a nivel humano”, y también ayudar a las personas condenadas por delitos menores a reintegrarse a la sociedad, y enfocar los recursos en los criminales más peligrosos.

La Magistrada Residente del Tribunal de Tratamiento de Drogas de Kingston, Jamaica, Stephane Jackson-Haisley, expresó que todos los jueces son conscientes de la necesidad de buscar otras opciones al encarcelamiento. En el caso del Caribe, la Jueza Jackson-Haisley manifestó que los jueces tienen más discreción a la hora de las condenas que en otras jurisdicciones, por lo que tienen más márgenes para adoptar penas alternativas al encarcelamiento como son la prisión domiciliaria, las multas y otras penas. La magistrada jamaiquina afirmó que las “penas alternativas son muy importantes” y destacó la importancia de las mismas en las mujeres, al sostener que “el impacto del encarcelamiento de una mujer es muy fuerte en su seno familiar”.

En tanto, la Presidenta de la Asociación Civil “Intercambios” de Argentina, Graciela Touzé, dijo que la “dramática” situación de hacinamiento en las cárceles de la región se debe en buena medida a las políticas en materia de drogas implementadas en las últimas décadas. Touzé dijo que “hay actores particularmente castigados en la región, como los consumidores y los pequeños vendedores y pequeños transportistas, así como las mujeres”. “Hay un consenso relacionado con el hecho que el consumidor no debe ser considerado un delincuente”, indicó Touzé, que llamó la atención sobre la paradoja que existe en muchos países del continente, en los que si bien el consumo de drogas no está tipificado como delito, en muchos casos las personas que son encontradas con drogas son condenadas a la cárcel por tenencia.

Por su parte, el Coordinación Principal para el programa de los Andes y de Políticas de Drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), John Walsh, opinó que es importante replantear la política de drogas que no se ha podido cambiar en varias décadas. “El problema del encarcelamiento es impresionante”, señaló. Walsh sostuvo que la cárcel “debe ser el último recurso, pero en muchos países suele ser el primero”, y criticó que en los hechos “se aplica la ley de manera desproporcionada”, porque los traficantes con más poder no están en la cárcel, mientras que los más vulnerables son lo que terminan presos. “Hay que partir de la premisa que el objetivo final es combatir a las organizaciones criminales”, afirmó. 

El encargado de cerrar la Mesa Redonda fue el Representante Permanente de Guatemala, Embajador José María Argueta, quien sostuvo que ninguno de los elementos del problema de las drogas “debe ser visto de una manera aislada, sino que tenemos que verlo de una perspectiva integral”. “Los países del Hemisferio estamos embarcados en un esfuerzo por formular los esfuerzos del problema mundial de las drogas, poniendo al centro a la persona”, agregó el diplomático guatemalteco. El Embajador Argueta señaló que su país –que será anfitrión de la Asamblea General Extraordinaria sobre el tema- no quiere presentar su visión sobre el tema, sino que está enfocado en el esfuerzo de aunar la visión de toda la región sobre la problemática. 

Para mayor información visita: http://www.oas.org/es/default.asp
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Autor: ODC

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