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Publicado el jueves, 2 de marzo de 2017

En Minjusticia se presentó balance del informe mundial de drogas JIFE 2016

Las mujeres constituyen una tercera parte de los consumidores de drogas a nivel mundial, y solo una quinta parte de ellas reciben tratamiento por abuso de estupefacientes. Así lo revela el estudio presentado por la Junta Internacional de Fiscalización (JIFE), presentado este jueves en las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho.

El estudio anual del año 2016 ofrece un análisis de la situación mundial de la fiscalización de drogas y hace un llamado a los gobiernos para que incluyan a las mujeres en sus programas y políticas de prevención del consumo de estupefacientes.

Francisco Thoumi, miembro de la (JIFE), al exponer la investigación, solicitó mejorar el acceso a la atención sanitaria para las mujeres drogodependientes, y pidió reforzar la financiación para prevenir y tratar el uso indebido de alucinógenos; condenó la persecución extrajudicial de personas presuntamente implicadas en actividades ilícitas relacionadas con las drogas y recomienda a los estados la eliminación de la pena de muerte por delitos relacionados con narcotráfico; finalmente, hizo un llamado a las organizaciones gubernamentales para que consideren medidas alternativas a la privación de la libertad en casos relacionados con la problemática de las drogas.

Al término de la presentación del estudio, el jefe de la cartera Ministerial (e), Doctor Carlos Medina Ramírez, señaló que “el informe da nuevos elementos para proponer un tratamiento diferenciado para la mujer, no solo en materia de drogas, sino en otros aspectos".

Así mismo, el Ministro (e) enfatizó en la necesidad de intervenir al actor industrial del mercado, en este caso los cristalizaderos, que provocan el crecimiento de los cultivos ilícitos. “Si logramos combatir esta actividad, que está asociada al narcotráfico, alcanzaremos una reducción significativa de esta práctica ilegal”. Señaló además que la erradicación en Colombia no está planteada de manera gradual, sino definitiva, y esto, sumado a una intervención en contra de dicho actor industrial, podría ayudar a Colombia a salir de los listados de productores y comercializadores.

Finalmente, planeó la necesidad de modificar la Ley 30 de 1986, no por estimar que sea obsoleta, sino teniendo en cuenta que es una norma anterior a la Constitución de 1991 y a la Convención de 1988. Por ejemplo, explicó que es necesario establecer que la judicialización no debe hacerse por peso, sino por dosis.

El encuentro estuvo acompañado por el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo; el representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bo Mathiasen; representantes del MInisterio de Defensa, ONG, Policía Nacional, Fiscalía General, academia y la sociedad civil.

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Autor: ODC

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