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Publicado el martes, 3 de enero de 2017

Minjusticia se compromete a reforzar su política en materia de drogas

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza del doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, implementará una estrategia de seguimiento al impacto de la política de drogas para este 2017, en ejercicio de la secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes.

En primer lugar, se propenderá por la actualización del Estatuto Nacional de Drogas (Ley 30 de 1986), que le dará celeridad a una política pública para el debido tratamiento de adicciones. 

En el marco de la estrategia sobre desarrollo territorial, la cartera ministerial continuará con el proyecto sobre tierras y legalidad en los municipios de Nariño, donde se ampliará la cobertura territorial para apoyar los procesos de formalización de tierras de 500 familias con alrededor de 475 títulos de propiedad. Esto busca afianzar el proceso con respuestas para estas comunidades vulnerables en el marco del Desarrollo Alternativo (proyectos productivos, infraestructura, entre otros) en alianza con la Agencia de Tierras y la Agencia de Renovación Territorial.

En tercer lugar, la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Desarrolladas de Minjusticia informó que para el 2017 se tiene como compromiso el fortalecimiento y la ampliación de la cobertura de los programas de prevención del consumo de drogas basados en evidencia, con prioridad en niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Justicia tiene como meta mil familias con el programa Familias Fuertes y 2.500 personas con programas específicos para población vulnerable.

Adicionalmente, se continuará liderando los procesos de generación de conocimiento y transferencia de metodologías de caracterización de los fenómenos de microtráfico y narcomenudeo a nivel nacional, y el apoyo técnico al desarrollo de políticas en esta materia.

Finalmente, la Dirección buscará apoyar la reducción de la criminalidad y disponer de recursos económicos asociados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo mediante el mejoramiento de las capacidades técnicas de las autoridades judiciales en aspectos penales y de extinción de dominio, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en esta materia y el conocimiento especializado de los instrumentos de prevención, detección y control del delito, en protección al bien económico y social.
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Autor: ODC

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