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Publicado el miércoles, 30 de noviembre de 2016

Minjusticia promueve alternativa al encarcelamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal

La implementación de un programa para el tratamiento de drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente constituye una alternativa para evitar el encarcelamientos de adolescentes en conflicto con la ley. Así se planteó en el foro ‘Seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el SRPA’, que se desarrolla en la ciudad de Medellín.

El evento, organizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en conjunto con entidades gubernamentales, tiene como finalidad analizar alternativas que favorezcan las políticas públicas de salud en materia de prevención de la drogadicción, y en lo penitenciario, abordar el tratamiento penal de los adolescentes.

Cabe recordar que Medellín fue seleccionada para desarrollar un proyecto piloto relacionado con estos temas, y que el mismo tiene un enfoque de salud pública y desarrollo social. 

"Este proyecto será fundamental para proteger los derechos de los adolescentes que tienen problemas serios con el consumo de estupefacientes y conflictos con la ley", señaló en la instalación de la jornada académica la  Directora de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, doctora Marisol Palacio Cepeda.

Este modelo de justicia, que se quiere llevar a todo el territorio nacional, busca el restablecimiento de los derechos de los jóvenes a través de alternativas de encarcelamiento. Esto acogiéndose a las recomendaciones recibidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se ocupó del tema de las drogas (UNGASS 2016). 

"Queremos proteger la dignidad de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Es posible hacerlo a pesar del reproche que recae sobre ellos", anotó Palacio.                 

La cartera de Justicia busca fortalecer el SRPA capacitando a los intervinientes y garantes de este proyecto. Entre ellos, magistrados, jueces y representantes de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el sector salud.

La iniciativa pretende gestar una política criminal armonizada y articulada, que sea asumida e implementada por las entidades involucradas para lograr una protección efectiva de los jóvenes infractores.
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Autor: ODC

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