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Publicado el jueves, 9 de octubre de 2014

Una política antidrogas sin moralismos

En Colombia el Gobierno ya está dando los primeros pasos para lograr que el tema de la droga sea asumido desde una visión más humanitaria y bajo un criterio orientado a pensar el problema del consumo desde un enfoque de salud pública, buscando iniciativas concretas para reconducir el tratamiento del tema.

El Ministerio de Justicia, invitó el pasado martes al Congreso de la República para que participe del debate que abrió con el fin de replantear la política antidrogas en el país, a propósito del II Foro del Diálogo Nacional sobre el Futuro de la Política en Colombia. Para mejorar el esquema general de este tipo de políticas sobre drogas, la Comisión Global propone poner en el primer lugar la salud y la seguridad de las personas. A través de este proyecto se abren espacios de diálogo con la ciudadanía sobre las problemáticas que aquejan al país como resultado del mercado de las drogas ilícitas y las posibles alternativas de política para enfrentarlas. De ahí la importancia de establecer consensos y convocar la participación de diversos actores en estos espacios.

“La idea es abrir el debate, que de todas esas discusiones que daremos a nivel regional y nacional se extraigan las mejores propuestas, siempre con la intención de acabar con el uso exclusivo del derecho penal en el tema de las drogas”, expresó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, para explicar el alcance de los Foros y la importancia de que exista un nuevo enfoque judicial para los casos de los consumidores de droga. 

Alternativas para abordar el narcotráfico

El viceministro de Justicia, Miguel Samper, lo ratificó en entrevista con EL MUNDO, “nos dimos cuenta que criminalizando los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, no estábamos desvertebrando sus organizaciones criminales, necesitamos concentrar  los esfuerzos de la política contra la criminalidad en los eslabones fuertes”.

Y es que se buscan alternativas de encarcelamiento en especial en el caso de jóvenes y mujeres que actúan como “mulas”, y aquellos jíbaros que son sicodependientes para que se defina una nueva perspectiva de cooperación entre países de América.  No obstante, la lucha contra los carteles y la delincuencia organizada alrededor del tema de la droga, no se detendrá, afirmó Samper.

El próximo mes se realizará en Cartagena un encuentro entre los distintos viceministros de justicia del hemisferio para abordar el tema de la administración de justicia en el caso de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico. “En este momento estamos precidiendo la Cicad, el Centro interamericano contra el abuso de drogas y ya se está preparando un replanteamiento de la política pública y esto es histórico”.

Hasta la fecha, se han realizado dos foros, uno con congresistas y uno general para conocer qué piensan diversos líderes de opinión.  El 70 % de los líderes considera que la política prohibicionista fracasó y que algo se está haciendo mal frente a esto.

“Estamos abriendo el debate, pero tenemos claras algunas premisas. Primero. La política pública se tiene que construir con fundamento en la evidencia empírica, es decir, no se puede hacer política pública con base en preceptos morales, o en preconcepciones y prejuicios que tenga la gente”.  Segundo. Dice el viceministro es  que la política pública que se promueva debe ser construida teniendo en cuenta las necesidades sectoriales y regionales.  Y por último, esta experiencia basada en el consenso, será presentada internacionalmente.

Soluciones de mayor inversión pero más sostenibles

Frente al tema de cultivos ilícitos, el Ministerio ha hecho algunas proyecciones en el Consejo Nacional de Estupefacientes, y lo que se ha encontrado es que es mucho más eficiente la inversión de recursos y es más sostenible una política que busque la intervención integral del Estado, es decir, una que ofrezca unas salidas al campesinado colombiano. “Los campesinos no siembran coca por voluntad sino que lo hacen por necesidad,   Hay que ofrecerle una salida, mediante pavimento, infraestructura, construcción de escuelas, hospitales, y por supuesto mediante la prestación de servicios de justicia”, ejemplificó Samper.

El viceministro explicó que estas alternativas sociales, de lucha contra la pobreza son mucho más efectivas que la estrategia de asperción, que ha funcionado y se necesita solo en algunas regiones.

Artículo del Periódico El Mundo. 

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Autor: ODC

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